El Senado despachó a ley el proyecto de Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico Social, también denominado proyecto de megarreforma y ley miscelania, con 27 votos.
El nudo de la discusión legislativa se resolvió tras destrabar la fórmula de compensación fiscal para las municipalidades por la exención del pago de contribuciones a la primera vivienda para mayores de 65 años.
Por parte de las alcaldías, se mantienen con las críticas al financiamiento de los municipios, advirtiendo que la fórmula aprobada profundizará la desigualdad territorial. "190 mil millones de pesos se va a gastar el Estado en cubrir este gustito ideológico. Que sean el resto de los mortales, las otras 80 comunas del país, las que tengamos que subvencionarles con los bencinazos con el IVA", fustigó Camila Nieto, alcaldesa de Valparaíso.
Ante los dichos de la oposición, la presidenta del Senado, Paulina Nuñez, sostuvo que esta es una medida que beneficiará a todos los sectores. "Guste o no, guste la fórmula -a mí me gusta- pero estamos hablando de recursos que van a ir directamente a todos los municipios directamente”.
Nuevos obst´áculos
El núcleo central del proyecto busca impulsar la reactivación económica e incentivar la inversión privada a través de una reestructuración profunda del marco fiscal. Entre sus principales ejes destaca la rebaja del impuesto corporativo a las grandes empresas desde un 27% a un 23%, la reintegración total del sistema tributario, el establecimiento de mecanismos de invariabilidad tributaria para grandes proyectos de inversión y el beneficio de liberación de contribuciones de la primera vivienda para adultos mayores.
Pese a despacharse en tiempo récord, la promulgación y publicación de la ley enfrentará al Ejecutivo ingresó tres vetos presidenciales para eliminar indicaciones añadidas por la oposición, relacionadas con el derecho al olvido financiero, la prohibición cobro de interese vencidos y el pago a 30 días para las pymes.
A lo anterior se suma el Tribunal Constitucional, donde la oposición presentó requerimientos para impugnar materias relativas a la invariabilidad tributaria y disposiciones medioambientales.